La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha negado tajantemente la ocultación de documentación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con los vertidos previstos para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. El departamento que dirige Catalina García asegura que no existe "actuación de mala fe" tras las denuncias de Ecologistas en Acción, quienes acusan a la administración de retener un informe técnico clave de la consultora SITRA. Según el colectivo ambiental, este documento advertiría que el vertido de Minera Los Frailes —filial de Grupo México— impediría alcanzar los objetivos de calidad en el estuario del Guadalquivir si el caudal de la presa de Alcalá del Río es bajo.
La respuesta de la administración andaluza
Frente al requerimiento judicial del pasado 29 de abril, la Junta de Andalucía sostiene que ya dio respuesta el día 30 de abril, solicitando al tribunal que concretara "de manera precisa qué documentación adicional debía ser remitida". La Consejería defiende que ha actuado bajo los principios de transparencia y lealtad institucional, y ha calificado de turbio el escenario de acusaciones, rechazando de forma tajante la "ocultación deliberada de informes técnicos". La administración insiste en que las autorizaciones ambientales se fundamentan en informes elaborados bajo la normativa vigente y que se facilitará cualquier dato que el órgano judicial pida de forma "expresa y concreta".
Denuncias por vertidos de metales pesados
La polémica se centra en la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada en julio de 2024, que permite el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas tratadas al río. Ecologistas en Acción sostiene que la Junta ha ocultado un análisis donde se determina que el Cadmio en el vertido tiene una concentración 400 veces mayor al valor base del río. Además, denuncian que el volumen de agua a verter aumentó un 53% durante los 17 años previstos de explotación, pasando a 4.000.000 metros cúbicos anuales sin que este incremento fuera sometido a la obligatoria participación pública.
Movilización ciudadana en el Guadalquivir
Este conflicto administrativo y judicial coincide con la manifestación convocada para este sábado 9 de mayo por colectivos como Greenpeace, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda y Salvemos el Guadalquivir. Los manifestantes, que partirán desde Bajo de Guía, exigen la creación de un comité de expertos independientes que evalúe el impacto real de los metales pesados en los sedimentos. Critican que la Secretaría General del Agua, dirigida por Ramiro Angulo, haya ignorado el conocimiento científico sobre la hidrodinámica del estuario, priorizando los intereses de la multinacional frente a la seguridad de la pesca y la agricultura en Sevilla y Cádiz.
