Tras la firma con Caixabank el pasado 2 de diciembre, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha ampliado a más entidades financieras el protocolo general de actuación para facilitar a los ayuntamientos la financiación que les corresponda asumir de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se acometerán, gracias al programa de construcción de vivienda para venta y alquiler, que está desplegando la entidad provincial en el territorio sevillano.
El acuerdo, firmado hoy con BBVA, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco Sabadell, Banco Santander y Unicaja, establece un marco de colaboración para facilitar el estudio, porque cada proyecto es diferente, así como la financiación, en su caso, de las promociones de vivienda ya planificadas a través de dicho programa.
Como se aprobó en el Pleno del 27 de noviembre, estas subvenciones permitirán la construcción de 1.182 inmuebles en venta o en alquiler, en 37 promociones distribuidas por 31 municipios, con una aportación de la Diputación de 69,3 millones de euros.
La institución financiará el 50% de las iniciativas de viviendas de alquiler, con un tope máximo de renta mensual de 350 euros al mes, y aportará 50.000 euros por cada inmueble destinado a la venta, cuyo precio no podrá ser superior a 115.000 euros. El resto de la financiación correrá a cargo de los ayuntamientos, cuya financiación favorable se pretende facilitar con este acuerdo con las seis entidades antes citadas.
El presidente, Javier Fernández, ha agradecido a todos los responsables de las firmas financieras que hoy han suscrito dicho acuerdo ‘la implicación y el respaldo a las políticas de la Diputación. Compartimos objetivos y compartimos el interés por abrir líneas de colaboración que nos permitan estar a la altura de lo que la ciudadanía y los jóvenes en particular nos demandan: tener a las instituciones públicas y financieras al lado, para afrontar una de las principales demandas que tiene hoy por hoy la sociedad’.
El acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2029 y contempla la constitución de una comisión de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año. Con esta firma, las entidades financieras y la Diputación refuerzan su compromiso con el acceso a la vivienda y el desarrollo equilibrado del territorio.
