El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha denunciado que la institución provincial “vuelve a dejar en la estacada a los sectores más vulnerables de la provincia”, esta vez por la gestión del Plan de Prevención de la Exclusión Social, un programa que la propia Diputación configura en torno al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Para entender esta situación, hay que explicar que: la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, “motivada por la incapacidad del Gobierno de Sánchez para sacar adelante nuevas cuentas públicas”, las últimas aprobadas en 2023, está teniendo un efecto directo y perjudicial sobre los sectores más vulnerables de la provincia, al mantener congelado el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Esta congelación "va ligada directamente al acceso a las ayudas de la Diputación a los sectores más vulnerables ya que el IPREM marca los parámetros económicos para su concesión".
Así, Martín Torres ha señalado que el IPREM "es la referencia utilizada para determinar el umbral de acceso a un amplio abanico de ayudas públicas: becas de comedor y estudio, prestaciones por desempleo, ayudas al alquiler, rentas mínimas de inserción, complementos de pensiones no contributivas o bonificaciones en servicios sociales, entre otras".
Partiendo de esta base, “el PSOE en la Diputación, al no flexibilizar las bases del plan en cuestión, es responsable directo de que cientos de familias, aun necesitando la ayuda, queden excluidas al no cumplir los estrechos límites de renta que impone el IPREM”, ha explicado el portavoz popular, quien, además, ha subrayado que “la institución que preside el socialista Javier Fernández deja fuera precisamente a una parte de las familias a las que en teoría debería proteger, ya que este indicador no se actualiza conforme al coste real de la vida”.
El portavoz popular ha recordado que “desde el PP venimos instando al gobierno socialista en la Diputación durante toda legislatura, a modificar las bases de este plan: para que den una repuesta real a este sector de la población, pero un PSOE sobrepasado por sus escándalos internos ha sido incapaz de actuar y las consecuencias, una vez más, las sufren los ciudadanos”.
"A este primer problema se suma un segundo, de carácter administrativo, que agrava aún más la situación", lamentan.
Una vez aprobado el Plan de Prevención de la Exclusión Social y publicadas sus bases, la Diputación "debe comunicar a los ayuntamientos la resolución de apertura de plazos para que estos puedan iniciar el periodo de solicitud de las ayudas por parte de los vecinos".
Sin embargo, esa resolución "todavía no ha llegado a los consistorios, lo que impide en estos momentos a los ayuntamientos poner en marcha los plazos de petición, dejando a los usuarios sin la posibilidad de solicitar unas ayudas que ya deberían estar en marcha".
“Hablamos de familias que quedan fuera de estas ayudas pese a necesitarlas, y de otras que, aun cumpliendo los requisitos, todavía no pueden ni siquiera solicitarlas porque la propia Diputación no ha hecho llegar a los ayuntamientos la resolución que debía abrir el plazo”.
Para finalizar, Martín Torres ha subrayado que esta doble situación “tiene un impacto real en la vida de miles de sevillanos, a los que la Diputación deja fuera del plan por sus estrechos límites de renta y, además, sin plazo abierto para pedir la ayuda por su propia falta de diligencia administrativa”.
Por ello, el portavoz popular ha exigido a Javier Fernández que “agilice de inmediato el envío de la resolución a los ayuntamientos y que revise los criterios del plan para que ninguna familia vulnerable quede fuera de estas ayudas”.
