El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, que inicia ahora el trámite parlamentario para su aprobación definitiva. Con esta norma, que nace con el objetivo de avanzar en la puesta en uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de Andalucía, se actualiza su régimen jurídico, vigente desde hace cuatro décadas, al incorporar los más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia del patrimonio autonómico, uno de los más grandes del país.
El texto legal, que ha sido elogiado por el Consejo Consultivo como ejemplo de buenas prácticas legislativas, busca garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos.
Para ello, establece una nueva definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias.
Además, contempla mecanismos efectivos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía, que han sido señalados por el Consejo Consultivo por su carácter innovador. Al mismo tiempo, se potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje.
Así, el texto legal se alinea con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad organizativa, publicidad. transparencia, colaboración, coordinación y control que deben inspirar la regulación en orden a la correcta administración, defensa y conservación del patrimonio, como ha destacado también el Consultivo.
La actual Ley del Patrimonio de Andalucía es del año 1986, fecha desde la que se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma. Es el caso de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece las bases del régimen patrimonial de las administraciones públicas; su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, ambas con regulación de carácter básico y de aplicación general, y ya en el ámbito local, de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.
Más recientemente, en el ámbito autonómico se ha dictado el Decreto ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en la comunidad. Estas modificaciones legales quedan contempladas en una nueva normativa patrimonial adaptada a la realidad jurídica actual y que, además, permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía, ya que en anteriores legislaturas no existía siquiera un inventario actualizado de propiedades de la Junta de Andalucía.
Más transparencia y simplificación
Esa falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas. El esfuerzo desarrollado en los últimos años por la Junta de Andalucía ha permitido ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles, recursos que se han destinado a servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación. Asimismo, se han recuperado 70 inmuebles procedentes de la operación de sale & lease back de 2014 (Operación Holmes), que ha generado un ahorro de más de 35 millones de euros anuales en alquileres a los andaluces.
En línea con la apuesta del Gobierno andaluz por la simplificación administrativa, el proyecto de ley introduce medidas para agilizar y reducir al mínimo los trámites en operaciones patrimoniales, eliminando duplicidades y asegurando mediante herramientas digitales una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos desfasados existentes, que dificultaban notablemente la utilización de los bienes para fines públicos.
La norma apuesta por la transparencia y participación. Para ello, por primera vez la Junta de Andalucía pondrá a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía y de sus organismos dependientes. Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes.
Se introduce, asimismo, la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta de Andalucía a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. De esta forma, un ayuntamiento andaluz podría por ejemplo solicitar al Gobierno autonómico que se ponga en uso un inmueble abandonado.
De la misma manera, se refuerzan los procedimientos de concurso y negociado con concurrencia y publicidad. Y se introduce como novedad la figura de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos o preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación.
En tercer lugar, la norma se ajusta a los principios de la economía circular en la gestión de los bienes muebles de la Junta de Andalucía, siendo por tanto pionera en la implantación de los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles.
Así, se creará una 'bolsa de segunda oportunidad' para dar nuevo uso a mobiliario, material informático, vehículos y otros enseres, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje. Por ejemplo, aquellos vehículos que estén a punto de alcanzar el final de su vida útil podrán ser destinados para su uso por alumnos en grados formativos. Cuando no sea posible la reutilización, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados.
Por último, la nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.
