La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto ley aprobado en Consejo de Gobierno para conceder ayudas a las víctimas andaluzas directas e indirectas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha intervenido en la sesión para explicar un texto "legal, oportuno y absolutamente necesario", que fija las cuantías de estas ayudas entre 16.828 euros y 481 euros para los heridos y 14.424 euros para las familias de los fallecidos. Nieto ha detallado que, además, se garantiza la continuidad asistencial en el servicio público sanitario para las secuelas físicas y psicológicas una vez que se agote la cobertura del seguro de transportes de viajeros.
El consejero de Justicia en funciones ha subrayado que este Decreto-Ley "nace desde la responsabilidad institucional, el acompañamiento a quienes han sufrido esta tragedia y la convicción de que tenemos que dar una respuesta ejemplar". "No pretende cuantificar el dolor, eso es absolutamente imposible, pero sí ayudar a las personas afectadas no solo con ayudas económicas sino con la simplificación administrativa", ha explicado.
En este sentido ha detallado que, tras la próxima publicación en BOJA de la convocatoria, las víctimas tendrán tres meses para solicitar las ayudas (de forma presencial o en el Registro Electrónico Único de la Junta) sin tener que aportar documentos que ya estén en poder administración o que hayan presentado para pedir las ayudas estatales, con las que son complementarias. La Consejería resolverá cada solicitud en un plazo máximo de dos meses desde que se presente y abonará las ayudas, exentas del tramo autonómico del IRPF, en un pago único.
Reunión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía.
La concesión de estas ayudas fue propuesta por el Comisionado creado por el Gobierno andaluz el 18 de marzo para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz. Tras el nombramiento de Jaime Mora como comisionado y "después de tener entrevistas individuales con los afectados y analizando sus necesidades y los medios que habían puesto las distintas administraciones", el Consejo de Gobierno aprobó el 12 de mayo la concesión de estas ayudas para complementar y ante los importantes gastos que muchas víctimas siguen afrontando, desde la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad a los tratamientos de rehabilitación, terapias psicológicas e incluso los gastos de desplazamiento al Tribunal de Instancia de Montoro que instruye la causa judicial y que la Consejería ha reforzado con tres funcionarios.
En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges (o relación análoga) e hijos (con independencia de su edad y filiación, incluidos póstumos). En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas a partes iguales.
Nieto ha defendido que la Junta que "desde el primer momento ha estado al lado de las víctimas", a quienes ha reiterado el "afecto y solidaridad" de la Junta y ha traslado tranquilidad sobre la garantía de que el sistema público se encargará de mantener su seguimiento y tratamiento una vez que se agote la cobertura que incluye el seguro de viajeros, ya que "muchas víctimas van a necesitar apoyo durante mucho tiempo".
"No vamos a devolver las vidas perdidas ni evitar las secuelas, pero sí demostrar que no olvidamos y no abandonamos a quienes sufrieron esta tragedia, que hay cercanía de las instituciones con las personas que sufren una tragedia de este tipo y solidaridad colectiva", ha incidido tras agradecer a los representantes de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente su apoyo unánime para convalidar el decreto ley.
