La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado hoy la agilidad de la Junta de Andalucía para ofrecer soluciones rápidas a los ciudadanos y sectores afectados por el tren de borrascas que atravesó la comunidad a finales de enero. “La prioridad era comenzar cuanto antes la recuperación y atender a los andaluces, evitarles esperas administrativas, por lo que pusimos en marcha un paquete de medidas fiscales y un plan, Andalucia Actúa, con casi 1.800 millones de euros entre ayudas directas y recursos para reparar las infraestructuras, carreteas, caminos o instalaciones dañadas sin perder un solo minuto”.
Durante una comparecencia en comisión parlamentaria, Carolina España ha puesto el acento en que “la prioridad absoluta del Gobierno andaluz ante las graves consecuencias del reciente temporal fue actuar con la máxima agilidad y eficacia para compensar daños y comenzar la recuperación de las zonas afectadas” en el ámbito de las competencias autonómicas.
Esa gestión autonómica se ha articulado, ha recordado, en dos ejes fundamentales: la aprobación urgente de medidas fiscales y de apoyo agrario mediante el decreto-ley 1/2026, y la puesta en marcha del Plan Andalucía Actúa, una estrategia de recuperación económica dotada con 1.780 millones de euros para paliar las incidencias en viviendas, negocios y explotaciones, pero también en instalaciones municipales, infraestructuras hidráulicas, carreteras, caminos rurales o vías pecuarias.
En este sentido, ha detallado, el decreto-ley 1/2026, convalidado la pasada semana sin votos en contra, incluye un bloque de medidas fiscales diseñado para aliviar la carga tributaria de las familias y empresas que han sufrido pérdidas directas. Así, establece medidas excepcionales en los tributos cedidos, como una deducción del 100% de los gastos de reparación de la vivienda habitual, así como incentivos fiscales para la adquisición de nuevas viviendas en casos en los que sea necesario (deducción del 6% en el IRPF) o para el alquiler de quienes se han visto obligados a abandonar su residencia anterior por las riadas (deducción del 15% hasta un límite de 1.200 euros).
También se incluye, por primera vez, la aplicación de un tipo del 0% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) para operaciones esenciales, una medida que beneficiará directamente a quienes necesiten reponer su vivienda habitual o adquirir vehículos que hayan sido dados de baja definitiva por los daños del temporal. Para otros inmuebles como locales, naves o segundas residencias, se ha habilitado un tipo superreducido del 3,5%. La previsión del Gobierno andaluz es que estas medidas fiscales beneficien a unas 1.500 personas en todo el territorio.
“El objetivo es facilitar que los negocios y las explotaciones recuperen su actividad económica lo antes posible mediante la reducción de costes impositivos en las zonas más castigadas por el temporal”, ha reiterado la consejera.
En el ámbito productivo, el sector agrario recibe una atención prioritaria al representar el 7% del PIB andaluz y ser el sustento de miles de familias. Para ello, se han declarado de interés autonómico las obras de reparación de cauces, caminos rurales e infraestructuras de riego, a fin de ejecutar proyectos mediante un procedimiento de urgencia. Además, se ha aprobado una bonificación del 100% del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para los regantes de los sistemas de El Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce, zonas donde el impacto de las inundaciones fue especialmente severo. El decreto recoge además la reorientación del canon de mejora del agua, que hasta ahora se destinaba estrictamente a depuración, saneamiento y abastecimiento en alta, para poder financiar también actuaciones de reparación y mejora de cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación.
Junto a estas medidas fiscales, la consejera se ha referido a la puesta en marcha del Plan Andalucía Actúa, que destina cerca de 1.000 millones de euros al sector primario. De ellos, ha dicho, 700 millones se ejecutan mediante ayudas directas para paliar la pérdida de cosechas y daños en infraestructuras de regadío. Además, el decreto contempla actuaciones específicas para reparar instalaciones agrarias y garantizar la continuidad de las explotaciones.
El plan de inversiones públicas, ha detallado, también incluye actuaciones para la recuperación de la movilidad y la seguridad hídrica. La Junta ha identificado 968 incidencias en la red autonómica de carreteras y ya ha iniciado 45 obras de emergencia en unos 1.000 kilómetros de vías, con una inversión de 283 millones de euros. En total, el Plan Andalucía Actúa reserva 535 millones para carreteras, 49 millones para vías pecuarias y 257 millones para caminos rurales, infraestructuras hidráulicas y recuperación de cauces.
Estas actuaciones alcanzan también a los servicios públicos esenciales, y se incluyen partidas de 78 millones de euros para la reparación de centros educativos y 17 millones para instalaciones sanitarias dañadas. Asimismo, se han habilitado 50 millones de euros para apoyar a los ayuntamientos en la reparación de infraestructuras municipales y otros 50 millones específicos para autónomos y pequeñas empresas. Todas estas medidas, ha recordado Carolina España, podrán ampliarse a medida que finalicen las evaluaciones de daños en los distintos sectores, incluyendo el pesquero y el de transporte, que también cuentan con partidas específicas de 16,7 y 10,8 millones respectivamente.
