La empresa pública VIVE Alcalá ha atendido a más de 550 personas en apenas dos semanas desde la presentación oficial de las dos primeras promociones de vivienda protegida en Alcalá de Guadaíra. La campaña de atención presencial, reforzada por decenas de consultas telefónicas y digitales este 8 de julio de 2026, refleja la alta demanda residencial existente en el municipio sevillano, registrando solicitudes tanto de residentes locales como de ciudadanos con vinculación laboral directa en la zona.
Innovación constructiva y precios tasados
El plan del Ayuntamiento contempla la edificación de 107 inmuebles protegidos en régimen de venta en la zona de Mar Mediterráneo, con un precio fijado en 115.000 euros más 15.000 euros destinados a la adquisición de garaje y trastero. El segundo proyecto comprende 84 pisos en alquiler en la promoción La Cornisa del Zacatín. Ambas actuaciones arquitectónicas emplearán un sistema de construcción industrializada, un modelo de alta tecnología que sitúa al Consistorio como referente estatal al recortar los plazos de ejecución en el suelo urbano y elevar los estándares de eficiencia energética.
La regidora de la localidad, Ana Isabel Jiménez, ha manifestado que "la respuesta que estamos recibiendo demuestra que existe una necesidad real de vivienda asequible". La Junta de Gobierno Local ya ha ratificado la licencia de obras para las 84 viviendas de alquiler, facilitando el inicio inminente de los movimientos de tierra durante este verano. Por su parte, la edificación de los pisos de compraventa comenzará en septiembre con un plazo estimado de ejecución de 14 meses.
Requisitos económicos y plazos de inscripción
El personal técnico de la sociedad municipal recuerda que los aspirantes a la promoción de compra de Mar Mediterráneo deben acreditar obligatoriamente tres años de empadronamiento en Alcalá de Guadaíra o un periodo idéntico de actividad laboral continuada en la ciudad. En el apartado financiero, se exige certificar unos ingresos mínimos que supongan 1,75 veces el IPREM, un baremo que equivale a cerca de 17.000 euros brutos anuales para familias de un solo miembro y 22.700 euros para núcleos de dos integrantes.
El requisito administrativo indispensable para optar a la adjudicación consiste en figurar en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. El 31 de julio es la fecha límite fijada para formalizar las nuevas altas que deseen entrar en el proceso de selección. Las familias que ya posean una inscripción en vigor no tendrán que realizar ningún trámite extra.
Adjudicación mediante sorteo ante notario
La empresa pública publicará una lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos una vez concluidos los plazos de revisión documental, abriendo un periodo de alegaciones para subsanar errores de tramitación. El procedimiento de adjudicación definitiva de los pisos en venta se resolverá a finales de año a través de un sorteo público ante notario, un formato elegido por la administración local para asegurar la transparencia institucional y la igualdad de oportunidades entre todos los demandantes inscritos.
