El PSOE-A plantea la urgente creación de un Fondo Andaluz de Indemnización a Víctimas de Cribados de Cáncer para dar respuesta a las mujeres afectadas por la crisis sanitaria causada por los graves fallos en el programa de detección precoz de tumores de mama bajo gestión del Gobierno de Moreno Bonilla y el PP en la comunidad.
El Grupo Socialista impulsa esta iniciativa como propuesta de resolución en el debate general sobre sanidad que celebra el Pleno del Parlamento autonómico y basada en la obligación legal, reconocida en la normativa vigente y en la propia Constitución Española, de compensar a las personas afectadas por perjuicios vinculados a la prestación de servicios públicos.
La propuesta de resolución socialista toma como referentes instrumentos de compensación ya existentes en el país como los que asisten a las víctimas de la talidomida o del amianto, e incide en la ausencia de “un fondo general o autonómico específico para casos como los fallos en los programas de cribado y detección de cáncer”.
Ante dicha ausencia y la inseguridad creada a las mujeres andaluzas por los errores masivos en el cribado de cáncer de mama, desde el PSOE-A se insiste en la necesidad de constituir un fondo de compensación específico que garantice “justicia, reparación y reconocimiento a las víctimas”.
El Grupo Socialista sostiene que ese fondo indemnizatorio específico puede activarse una vez acreditados los fallos en el cribado de cáncer de mama, y también en los programas preventivos de colon y cérvix, toda vez que se confirma “una vulneración del derecho a una detección temprana y a una atención sanitaria de calidad”.
Precepto constitucional
La formación socialista basa su iniciativa en este sentido en el artículo 106.2 de la Constitución, que establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Igualmente se remite a jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que el sistema de responsabilidad patrimonial administrativa es “objetivo” y no requiere “probar culpa, sino que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público”.
La propuesta del PSOE-A tiene en cuenta, igualmente, los requisitos “clave” de la normativa que regula las reclamaciones ciudadanas en el ámbito sanitario, que son la existencia de daño “efectivo, evaluable económicamente e individualizado”, de un “nexo causal directo entre servicio público y perjuicio” y la “antijuricidad del daño, que la persona no tenga deber jurídico de soportarlo”.
La iniciativa defiende que los fondos de indemnización para las víctimas de la talidomida y del amianto evidencian la necesidad reconocida en el país de “instrumentos extraordinarios de reparación cuando se produce un daño colectivo derivado de un fallo prolongado o sistémico en la gestión pública”.
Además, el PSOE-A defiende que su iniciativa recoge la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz en informes de 2021 y 2023 de crear “un fondo de compensación por daños sanitarios, especialmente en casos especialmente en casos donde existan fallos sistémicos o colectivos, como errores en los cribados, infecciones hospitalarias o medicamentos defectuosos”.
