La Consejería de Cultura y Deporte ha solicitado formalmente al Ministerio de Cultura que declare inexportable una escritura notarial firmada por Miguel de Cervantes Saavedra en el año 1593, la cual saldrá a subasta pública el 27 de mayo en Madrid. El departamento que dirige Patricia del Pozo busca impedir de este modo que la pieza abandone el territorio nacional, después de que los tribunales consolidaran su posesión privada tras un largo litigio judicial iniciado a finales del pasado siglo. La pieza, de un valor patrimonial extraordinario, fue arrancada presumiblemente a mediados del siglo XIX del fondo del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde se custodia de forma oficial el protocolo matriz.
El origen del expolio
El documento en disputa corresponde exactamente al folio 390 que fue extirpado de un protocolo notarial otorgado en Sevilla el 8 de julio de 1593 ante el escribano público Luis de Porras. En aquella fecha, el autor de 'El Quijote' ejercía como comisario de abastos de la Corona, un empleo que le obligaba a firmar este tipo de obligaciones legales. El vacío documental es plenamente constatable en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, institución que gestiona estos fondos desde 1990, donde los técnicos han comprobado el salto físico entre las páginas del legajo original y los restos materiales del arrancamiento del papel.
Un largo litigio en los tribunales
La alerta saltó originalmente en 1998, cuando el manuscrito apareció en una sala de subastas de Barcelona. En ese momento, el Gobierno de Andalucía reclamó la titularidad pública del bien basándose en pruebas archivísticas definitivas, como la foliación coincidente y las rúbricas notariales idénticas. Sin embargo, el proceso judicial concluyó de manera definitiva en 2007 con una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. El fallo no cuestionó la autenticidad del texto ni su procedencia sevillana, pero amparó la propiedad en favor de los poseedores privados debido al principio de comercio lícito y a una posesión prolongada en el tiempo de forma pacífica.
Blindaje para el patrimonio andaluz
La imposibilidad de recuperar la propiedad por la vía judicial ha forzado esta petición de urgencia ante la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Con esta medida de protección se evita la pérdida definitiva de un testimonio clave para la biografía del escritor. Además, las consecuencias de este conflicto legal sentaron un precedente normativo en la región, ya que motivaron de manera directa la redacción de la Ley Andaluza de Archivos del año 2011, donde se blindó la naturaleza de los bienes documentales públicos como inalienables, imprescriptibles e inembargables.
