El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de un año de prisión para Trinidad G. G. y su hijo Mauricio W. G. como autores criminalmente responsables de un delito de apropiación indebida en la provincia de Sevilla. La resolución judicial ratifica que ambos procesados vendieron de forma ilícita un rebaño de 68 vacas propiedad de un tercero que utilizaba los pastos de su finca en el término municipal de Aznalcóllar. La sentencia, dictada el 25 de junio de 2026, estima de manera parcial el recurso de los acusados únicamente para rebajar la cuantía de la indemnización fijada para la víctima.
Venta clandestina de las reses
Los hechos declarados probados se remontan a septiembre de 2017, cuando el legítimo propietario del ganado firmó un contrato que le permitía utilizar los pastos de la finca gestionada por los acusados. En diciembre de 2019, aprovechando que los animales figuraban inscritos provisionalmente dentro de su propia explotación ganadera, la madre y el hijo decidieron de común acuerdo proceder a la venta de los ejemplares a un tercero sin el conocimiento ni el consentimiento de su dueño.
Para ejecutar la operación, la procesada tramitó ante la Oficina Comarcal Agraria Poniente de Sevilla la guía de traslado imprescindible para desviar los 68 animales hacia un recinto ganadero ubicado en Burguillos. Los compradores abonaron un total de 28.000 euros mediante una transferencia bancaria en una cuenta de Caja Rural del Sur en la ciudad de Sevilla, dinero que fue retirado en efectivo ese mismo día por los condenados para su beneficio particular.
Rebaja en la responsabilidad civil
La Audiencia Provincial de Sevilla impuso inicialmente a cada uno de los implicados una pena de un año de cárcel y una indemnización solidaria de 80.680 euros. Sin embargo, la Sección de Apelación Penal con sede en Granada ha estimado parcialmente las alegaciones de las defensas relativas al estado higiénico-sanitario de los animales.
Un certificado veterinario oficial emitido tres días antes de la venta acreditó que las reses presentaban malas condiciones de salud. Por este motivo, el tribunal considera justo adaptar el valor de tasación del ganado y reducir el resarcimiento total a la cantidad de 49.640 euros. El fallo judicial desestima íntegramente el recurso de la acusación particular, que solicitaba incluir supuestos daños morales e IVA en la cuantía, y declara de oficio las costas de esta segunda instancia.
