Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular un entramado criminal en Huelva dedicado presuntamente al fraude masivo en el cobro de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal. La investigación, que culminó con la detención de tres personas implicadas en delitos de estafa y falsedad, ha revelado que la organización llegó a desviar una cuantía superior a los 150.000 euros utilizando la identidad de decenas de ciudadanos extranjeros sin su consentimiento para lucrarse de los fondos públicos.
Registros y detenciones en el municipio onubense
El despliegue policial definitivo tuvo lugar el pasado 10 de junio, momento en el que las fuerzas de seguridad coordinaron una entrada y registro domiciliario en un inmueble ubicado en Lucena del Puerto. En este punto operativo del grupo criminal, los agentes consiguieron intervenir diversos equipos informáticos de última generación, numerosos dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos clave para el caso y un vehículo particular propiedad de uno de los investigados. A los tres arrestados se les atribuyen formalmente cargos por estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización delictiva.
Cerca de un centenar de identidades usurpadas
Las pesquisas iniciales comenzaron tras detectar diversas irregularidades administrativas en la tramitación online de subsidios estatales mediante certificados digitales falsificados. Los integrantes de la red delictiva captaron y utilizaron de forma ilegítima los datos personales de más de setenta víctimas de diferentes nacionalidades. Con esta documentación privada, los sospechosos daban de alta las prestaciones en la plataforma oficial del organismo público haciéndose pasar por los beneficiarios reales para asegurar ingresos mensuales recurrentes.
El desvío de los fondos fuera de las fronteras estatales
El dinero obtenido de manera ilícita mediante las nóminas de empleo se retiraba de forma periódica e inmediata a través de cajeros automáticos situados en la provincia de Huelva. Posteriormente, para borrar el rastro y evitar el control de la tesorería estatal, los líderes de la banda utilizaban diferentes plataformas de mensajería financiera y locutorios para canalizar el capital acumulado fuera de España. La inspección del material informático incautado por la Policía Nacional busca determinar si existen ramificaciones de la red en otros puntos de la comunidad autónoma.
