La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha denunciado que el Ministerio de Función Pública y Transformación debe 310 millones de euros a las empleadas y empleados públicos andaluces por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025.
El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha calificado de “lamentable e injusta” la pérdida de poder adquisitivo que sufre el colectivo de empleados públicos por “la actitud cicatera” del Gobierno central que mantiene estancada la negociación con los representantes sindicales. Para Girela “no es de recibo que el Ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público lleve acumulada una pérdida de poder de compra del 6 % desde 2022”, en referencia al “mal acuerdo” firmado por entonces entre el Ejecutivo y otras organizaciones sindicales para los años 2022, 2023 y 2024 y que CSIF se negó a firmar por considerarlo insuficiente. Si nos remontamos a los recortes de 2010 por el Gobierno de Zapatero, la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20 %.
Por este motivo, CSIF, en unidad sindical con UGT y CCOO, se movilizará el próximo 30 de octubre en las subdelegaciones del Gobierno para exigir al Ejecutivo central que reaccione y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido por las empleadas y empleados públicos, que en Andalucía ascienden a 500.000 entre todas las administraciones.
Estas protestas, que se desarrolla bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, se reproducirán en todas las provincias de España y marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con una gran concentración en noviembre en Madrid y que podría acabar en una huelga nacional en diciembre, la primera en las administraciones públicas para el Gobierno de Pedro Sánchez, si el Ministerio persiste en el bloqueo de la negociación colectiva.
Girela, por otra parte, ha mostrado su total rechazo a la negativa del Gobierno andaluz a la firma del preacuerdo por la mejora del empleo público en la Administración General de la Junta de Andalucía y unos servicios de calidad que redunden en la ciudadanía. “La actitud de la Administración andaluza es inaceptable y requiere de un calendario contundente y específico de actuaciones para mostrar nuestro desacuerdo, que anunciaremos en los próximos días”, ha explicado.
El presidente de CSIF Andalucía ha añadido que “desde CSIF entendemos que el día 30 de octubre no es el adecuado para iniciar estas actuaciones dirigidas a la Junta de Andalucía por coincidir en el tiempo con las movilizaciones ya convocadas para exigir al Gobierno central un nuevo acuerdo salarial, ya que se diluye la fuerza de ambas reivindicaciones. Y así se lo hemos hecho saber a las otras organizaciones sindicales”; asimismo, la Central Sindical ha aclarado que las concentraciones ya propuestas para el día 30 de octubre “son a nivel provincial”, y la actuación contra la Junta de Andalucía, según CSIF, “debe ser autonómica”.
Girela ha concluido aclarando que “CSIF va a estar siempre en la defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos y vamos a trabajar por mejorar sus condiciones laborales”.
